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VERANO Y REVOLUCIÓN
LA GUERRA CIVIL EN GIPUZKOA
Pedro Barruso
Segunda Parte: El proceso de la Revolución
LA CREACION DE UN PODER REVOLUCIONARIO
1.- LA SUBSTITUCION DE LAS AUTORIDADES
El día 28 de julio, tras la rendición de los cuarteles de Loyola, la situación es controlada por las fuerzas leales al régimen republicano. Las fuerzas del órden, mayoritariamente, han permanecido fieles al Gobierno, pero la autoridad de éste en Gipuzkoa se ha disuelto en gran parte. Para analizar esta situación retrocedamos en el tiempo hasta los primeros días del Alzamiento.
Como se recordará la primera reacción se produce en el gobierno Civil. En él se constituye, el mismo día 18, la denominada "Junta de Autoridades" formada -en palabras del gobernador civil Artola Goicoechea- "por las autoridades adictas y el Frente Popular ayudados por el comandante de Estado Mayor, Augusto Pérez Garmendia".
En la declaración de Artola debemos destacar la distinción que hace entre "autoridades adictas" y el "Frente Popular". Las primeras, ante la escasez de datos sobre la composición de la "Junta de Autoridades", debe entenderse que se trata de los jefes de carabineros y miqueletes -a los que ya hemos situado en el Gobierno Civil desde los primeros momentos- a los diputados provinciales, al alcalde y a varios concejales de izquierda. Por parte del Frente Popular están presentes los principales dirigentes guipuzcoanos de los partidos coaligados. Tal como expone el diario "Frente Popular"
"El Gobierno Civil es como si dijéramos el cuartel general donde se concentran mandos y representaciones. Vemos allí a dirigentes cualificados de los partidos de izquierda, al alcalde de San Sebastián y a varios concejales"
La cuestión, que debe centrar nuestra atención ahora, es cuando la dicotomía existente entre "autoridades" y "Frente Popular" desaparece para que el Frente Popular se haga con el control, de forma exclusiva, del poder en Gipuzkoa.
La pérdida de poder de la principal autoridad provincial, el gobernador civil, comienza -a mi entender- con la evacuación del Gobierno Civil el día 21 ante las amenazas de Vallespín. El traslado a Eibar hace que, tal como señala Hugh Thomas,
"la única fuerza, capaz de oponerse a los sublevados era la constituida por los sindicatos y los partidos de izquierda. Pero para el gobierno el echar mano de esta fuerza significaba aceptar irremediablemente una revolución de izquierdas"
Esta disyuntiva no se presenta de una manera tan clara en Gipuzkoa. La presencia de los diputados provinciales suaviza inicialmente la situación formulada por Thomas. Para el dirigente anarquista Manuel Chiapuso
"el gobernador Artola, disminuyó su autoridad hasta el punto que los diputados de Guipúzcoa, en particular Amilibia, tomaron el frente de resistencia contra el posible levantamiento en San Sebastián"
En lo que se refiere a la autoridad militar, desde el primer momento, el comandante de Estado Mayor -Augusto Pérez Garmendia- es la máxima autoridad en Gipuzkoa. Dada la ambigua situación de la guarnición donostiarra, Pérez Garmendia toma la iniciativa militar. El es el encargado de la dirección de la columna que se dirige hacia Vitoria de acuerdo -al parecer con el Ministerio de la Guerra en Madrid - aunque, como ya hemos señalado, los milicianos que participan en la toma de San Sebastián reconocen -el día 25 de julio- como su jefe natural al alférez Justo Rodríguez comandante de la columna de auxilio procedente de Bilbao.
La muerte de éste, en el transcurso del sitio de los cuarteles, hace que de nuevo Pérez Garmendia sea el encargado de la dirección militar. Su captura en el frente de Rentería, el día 28 de julio, hace que el mando militar recaiga -de manera transitoria- en el comandante del Cuerpo de Inválidos y aviador militar Ramón García Larrea. Este lo ejercerá hasta la llegada a San Sebastián, nombrado por el gobierno central, del comandante de Caballería Antonio San Juan, al que acompaña el comandante de Ingenieros Alberto Montaud, quienes asumirán la dirección militar de la campaña en tierras guipuzcoanas.
En lo que respecta al gobernador civil este permanecerá en su puesto hasta principios de agosto. El día 7 de agosto es substituido por el teniente de carabineros Ortega, destinado en Irún y que se hace cargo de la defensa de la zona de Endarlaza en los primeros días de la Guerra Civil.
Una especial atención merece la cuestión de las autoridades municipales. En la mayoría de los casos la vida municipal se ve interrumpida por la sublevación, no reanudándola hasta después de la ocupación de éstas por las tropas nacionales.
La situación creada por el Alzamiento, a la que se suma la destitución de los concejales derechistas al igual que
"los empleados provinciales o municipales que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen"
provoca la interrupción de la vida municipal.
Para ilustrar la situación de los ayuntamientos provinciales se puede elegir el de San Sebastián y la actuación de su alcalde, el republicano federal Fernando Sasiain.
Sobre Sasiain disponemos de escaso datos. Manuel Machimbarrena, en su declaración en la Causa General, señala que
"A raíz del movimiento, sin duda por estar enfermo o por su animo no dispuesto a la perturbación y al desorden, se limitó a estar encerrado día y noche, en compañía del asesinado jefe de la Guardia Municipal D. Antonio Vivar y de tal suerte fue elemento pasivo que incluso el marxismo le privó de la firma"
Según un informe que se conserva en el Servicio Histórico Militar, el alcalde presentó su dimisión en día 13 de agosto de 1936, fecha en la que la capital donostiarra sufre el primer bombardeo naval por parte de los buques " Almirante Cervera" y "España". Otras informaciones señalan que tras la muerte de Vivar -ocurrida el día 28 de agosto- se refugia en casa del diputado socialista Miguel Amilibia, que ocupaba la presidencia de la Junta de Defensa.
Sea cual sea la situación exacta se puede afirmar que la Junta de Defensa irá limitando cada vez más los poderes municipales. Prueba de ello son las disposiciones adoptadas por la Junta de Defensa, los dias 27 de agosto y 3 de septiembre , mediante las cuales, las nuevas autoridades, se limitan a comunicar su actuación al alcalde donostiarra. La vida municipal, tal como se desprende de las declaraciones contenidas en la Causa General,
"no se desarrolló sino que alejados del Ayuntamiento los concejales monárquicos y gran parte de los republicanos, el resto se convirtieron propiamente hablando en gestores y funcionarios de Abastos, siendo esa la misión que desarrolló la corporación"
Idéntica situación se produce con la Diputación Provincial, que pese a estar formada por una comisión gestora de mayoría izquierdista, hasta finales de agosto no tratará de poner en marcha de nuevo sus dependencias. La justicia también verá interrumpida su actuación, al ser asaltados los juzgados y destruida la documentación de los asuntos tramitados y no celebrándose ningún juicio excepto los del Tribunal Popular.
Esta situación, tal como afirma Chiapuso, "la autoridad republicana propiamente dicha había desaparecido". Las organizaciones del Frente Popular se encontraban con el control de la situación. Es por ello que es necesaria la creación de un nuevo órgano de poder, la Junta de Defensa.
2.- LA CREACION DE LA JUNTA DE DEFENSA DE GUIPUZCOA
La Junta de Defensa de Guipúzcoa, que tal fue su denominación oficial, nace el día 27 de julio de 1936, la víspera de la rendición de los cuarteles y se constituye como el órgano supremo del Territorio, por encima de las instituciones existentes.
La Junta nace con un espíritu de concentración de todas las fuerzas que se mantienen junto a la legalidad republicana y con la intención de regir todos los aspectos de la vida provincial. Es por ello que se crean una serie de "comisarías" que serán las encargadas de dirigir aspectos concretos de la vida guipuzcoana.
Este modelo juntista, en cierto modo, viene a ser un rasgo más de las innegables características decimonónicas que tiene el comienzo de la Guerra Civil española. Los pronunciamientos, y el juntismo, son dos elementos cotidianos en la vida política española desde 1808.
La sublevación, de la periferia hacia el centro, reproduce los esquemas del siglo XIX. Un acción rápida, lo menos cruenta posible, que posibilite un cambio en los ocupantes del poder. El juntismo como expresión de apoyo -o rechazo- a algún proceso (juntas de defensa contra la invasión napoleónica, juntas de defensa de los militares en 1917...) es también un elemento cotidiano.
Lo que será novedoso es la incidencia y las intenciones de cambio que desde este órgano de poder -en esencia no necesariamente revolucionario- se quiere dar. El juntismo decimonónico venía a suplir a unas autoridades en diversas circunstancias. La Junta de Defensa de Guipúzcoa suplanta a las autoridades constituyéndose en nuevo poder. Esto hecho en sí, la ocupación del poder por grupos diferentes a los que legalmente lo detentan, es un procedimiento revolucionario. Para que se llegue a darse esta situación, como se verá en los apartados siguientes, será necesario un intento de cambio en las estructuras económicas del Territorio, labor que desde algunas comisarías se tratará de poner en marcha.
Volviendo al proceso de creación de la Junta de Defensa, ésta se encuentra con la necesidad de hacer frente a una situación de falta de autoridades y de conflicto armado en los límites territoriales de Gipuzkoa. Es por ello, y siguiendo la composición que de la misma ofrece "Frente Popular", ésta es integrada por las siguientes comisarías y personas:
Presidencia de la Junta: Miguel Amilibia (PSOE)
Comisaría de Guerra: Jesús Larrañaga (PC de Euzkadi)
Comisaría de Abastos: Sergio Echevarría (PSOE)
Comisaría de Transportes: José Aguado (IR)
Comisaría de Orden Público: Telesforo Monzón (PNV)
Comisaría de Información: Miguel González Inestal (CNT)
Comisaría de Finanzas: José Imaz (ANV)
Como se puede apreciar la Junta nace con un espíritu de concentración de todas las fuerzas que se están oponiendo al levantamiento. El Frente Popular, con cinco comisarías -a la que se puede unir la de la CNT- es mayoritario. El PNV se reserva la Comisaría de Orden Público con la intención de que se respetase al máximo la vida y las pertenencias de las personas contrarias al Frente Popular a la vez que intenta que se mantenga la libertad de culto, sus dos principales preocupaciones en los primeros meses del conflicto.
Tan sólo quedan sin representación en la Junta UGT, pese a la presencia de dos socialistas -aunque diversos ugetistas están presentes en cada comisaría- y Unión Republicana, partido integrado en el Frente Popular, pero que dada su escasa importancia queda al margen de los órganos de decisión.
La primera medida que adoptan las nuevas autoridades es la incautación de edificios, que pasarán a ser las sedes de las diferentes comisarías. De esta forma la Comisaría de Guerra se instala en la Diputación, la de Abastos en el Ayuntamiento, Transportes en el Casino (actual ayuntamiento), Orden Público en el Gobierno Civil, Información y Propaganda en el edificio de la Telefónica Municipal y Finanzas en los edificios de la Caja de Ahorros Provincial.
Las comisarías, a su vez, están formadas por lo que se puede denominar "comité" de las mismas, en la que se integran representantes de todas las organizaciones políticas. Éstos, según las informaciones de "Frente Popular" son los siguientes:
-Comisaría de Guerra: Jesús Larrañaga (PC de Euzkadi); Eustasio Amilibia (PSOE); Pedro Falomir (CNT); Bernabé Orbegozo (ANV); José Rezola (PNV); Ascensio Lasa (STV); Julián Medrano (IR); Juan Miranda (UGT)
-Comisaría de Abastos: Sergio Echevarría (PSOE); Francisco Saizar; Ascensio Arriolabengoa (PC de Euzkadi); Patricio Ruiz (CNT), José María Arrieta, Juan Bautista Ubillo y José Ferrándiz
-Comisaría de Transportes: José Aguado (IR); Miguel Romero, José Leoz; Juan Zarragoitia; Eliseo Pancorbo (CNT), Rufino Pastor (PC de Euzkadi), Alejandro Elizalde (PNV) y Abilio Iza
-Comisaría de Orden Público: Telesforo Monzón (PNV); Martín Campos; Modesto Lacuesta (PC de Euzkadi), Fermín de Mendizabal (ANV); Aniceto Gallurralde (CNT), Sabino Laborda (STV) y Francisco Celaya (IR)
-Comisaría de Comunicaciones, Información y Propaganda: Miguel González Inestal (CNT), Juan Callén, Ricardo Urondo (PC de Euzkadi), Tomás Michelena (ANV), Ricardo Leizaola (PNV), José Zubillaga y Ricardo M. Moreno
-Comisaría de Finanzas: José Imaz (ANV); Guillermo Torrijos (PSOE); Manuel Asarta (PC de Euzkadi; José Iglesias (PSOE), José Zubimendi, José Zubizarreta (STV) y Domingo Martínez Muñoz
Con posterioridad, a finales del mes de agosto, se crearán dos nuevas comisarías; la de Trabajo y la de Asistencia Social. La primera de ellas, creada el 24 de agosto de 1936, está compuesta únicamente por representantes de los sindicatos. De esta forma se integran Guillermo Torrijos y Ángel Jiménez por la UGT, José Ibarbia y Rufino Galdona por STV y Manuel Chiapuso y José Laborí por la CNT . Guillermo Torrijos es elegido, por unanimidad, presidente de la misma.
De la misma manera, ese día, se crea la Comisaría de Asistencia Social, transformación del antiguo Comité de Auxilio a las Víctimas dependiente de la Comisaría de Guerra. La nueva comisaría es presidida por Rafael García. Igualmente existe una Comisaría de Sanidad que se encarga de los hospitales instalados en los hoteles donostiarras.
De esta forma la Junta de Defensa se va convirtiendo en un organismo cada vez más amplio y burocratizado. Tal como señala Irujo, el desarrollo de la misma se desbordó, y
"en lugar de siete comisarios, según fue lo aproba-do, formó otras tantas comisarías, que constituyeron cada una de ellas un comité, al cual, los siete partidos y organizaciones sindicales agrupadas bajo el pabellón republicano, llevaron a un representante y un suplente. En virtud de aquella disposición, los siete comisarios se elevaron a cien, entre propietarios y suplentes"
En el caso de la Junta de Defensa de Eibar, un total de 1.152 personas dependen de la misma entre los meses de febrero y agosto ascendiendo las nóminas a un total de 257.212 pesetas
Esto, como es de suponer, complicará enormemente la organización y la respuesta de la izquierda a la sublevación. A la Junta creada en San Sebastián, en la que la influencia de la izquierda, y del Partido Comunista era bastante importante, se le añadirán otras dos, de carácter comarcal y teóricamente dependientes de la de San Sebastián; son las Juntas de Defensa de Eibar y Azpeitia.
La Junta de Eibar, con una jurisdicción teórica que se extiende por la cuenca del Deba es de carácter mayoritariamente socialista. Creada a principios de agosto desconocemos casi todo lo referente a su funcionamiento en los primeros momentos, aunque al final de la Guerra en Gipuzkoa verá incrementada su importancia.
La tercera junta de defensa de carácter comarcal que existió en Gipuzkoa fue la de Azpeitia. Aunque desconocemos la fecha exacta de su constitución, ésta, se puede situar en los primeros días de agosto.
Su composición era exclusivamente nacionalista, integrándose en la misma -según Irujo- el PNV, ANV, STV, Euzko Nekazarien Bazkuna y la Juventud Vasca e integrada por Telesforo Monzón, José María Lasarte, Salvador Aramburu, Miguel José Garmen-dia, Mikel de Ayerdi y Lino de Lazkano, ostentando Irujo la presidencia de la misma.
Esta Junta, denominada también Comandancia de Azpeitia, no creó -a semejanza de las anteriores- un variado número de comisarías. Se limitó a consolidar el amplia área que controlaba y a desarrollar las milicias vascas bajo las órdenes del capitán Saseta, nombrado al efecto comandante en jefe de las milicias.
De esta forma el Territorio queda divido en tres grandes áreas de influencia. La cuenca del Deba de orientación socialista. El centro de Gipuzkoa controlado desde Azpeitia por los nacionalistas y el resto -donde se estaba desarrollando el conflicto- en manos de una amplia Junta de Defensa, con gran influencia de la izquierda y en contraste con la postura moderada del PNV.
Pero, como veremos a continuación, este modelo "juntista" no tarda en extenderse por toda Gipuzkoa, dando lugar al desarrollo del proceso revolucionario.
3.- LA EXTENSION DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO POR GIPUZKOA
El proceso de creación de juntas que ocupan el lugar de los ayuntamientos se generaliza por todo el Territorio Histórico. Aunque no es posible establecer una cronología exacta del proceso se puede establecer dos períodos claramente diferenciadas y dos áreas de implantación de las mismas.
En lo que se refiere a la cronología del proceso se deben diferenciar dos etapas. La primera corresponde a los primeros momentos del conflicto, con anterioridad a la derrota de los rebeldes guipuzcoanos, en la que en los municipios de mayoría izquierdista -o en aquellos en las que la presencia de ésta es importante- comienza la creación de nuevas instituciones.
Los ejemplos más claros de esta primera etapa es lo ocurrido en Mondragón, Tolosa e Irún. En la villa del Alto Deba el día 19 de julio se crea ya una junta en la que se integran las organizaciones del Frente Popular y STV. En Irún y Fuenterrabía desde el día 20 son las organizaciones frentepopulistas las que controlan la situación. En Tolosa, desde un primer momento, son los socialistas los que toman el poder por medio del Comité Revolucionario.
La característica general de este período es la rápida integración de la izquierda, quedando inicialmente al margen el PNV -excepto en el caso de Mondragón, que si incorpora el día 20- y con una clara preponderancia del PC de Euzkadi y del PSOE. Esta primera organización -que se denomina Comité de Defensa del Frente Popular o Comité de Defensa- tiene una orientación clara a la derrota de los rebeldes y al control de la situación en la localidad ante la ambigua posición de los nacionalistas y la sublevación de la derecha.
La segunda etapa de formación de juntas de defensa tiene lugar tras la derrota de los sublevados y a raíz de la creación de la Junta de Defensa de Guipúzcoa el día 27 de julio.
Aunque carecemos de documentación que nos permita constatar la existencia de juntas de defensa en las diversas localidades se puede observar una proliferación de las mismas a partir del mes de agosto de 1936. A las tres juntas de carácter comarcal se les unirán otras en las principales localidades de Gipuzkoa. A diferencia de las creadas en la primera etapa, a éstas si se incorpora el PNV, que se ocupa -fundamentalmente- de las comisarías de Orden Público.
Otro de los aspectos a destacar en lo que se refiere a las juntas de defensa es su distribución geográfica. Aún con las reservas derivadas de las posibles carencias documentales, se puede apreciar la existencia de dos áreas diferenciadas; la comarca de San Sebastián y el valle del Deba.
En la primera zona -la comarca de la capital donostiarra- se localizan juntas en todas las localidades, excepto en Oyarzun, ocupada por las tropas de Beorlegui a finales de julio. Igualmente tampoco se ha podido documentar la existencia de las mismas en las localidades que quedan en las proximidades del frente de guerra, situado a principios de agosto en una línea que se extiende desde los límites con Navarra por la carretera con Madrid hasta la zona de Beasain. En esta zona, por efecto de la junta de San Sebastián, la influencia de socialistas y comunistas es mayoritaria.
Las más importantes son las de Irún, Fuenterrabía, Rentería y Pasajes. En todas estas localidades, en las que la izquierda logra buenos resultados electorales, las juntas de defensa se crean desde un primer momento y la presencia mayoriataria es de las organizaciones del Frente Popular.
Inicialmente, en IrÚn, se crea un comité formado por siete personas entre las que se encuentran varios concejales , que posteriormente se ampliará quedando formado por el doble, de los cuales cinco son republicanos (Nicolás Guerendain, Fermín Cuenca, Antonio Narvarte, Angel Miquelajáuregui, Claudio Urtiberea y Carlos Castillejo); dos socialistas, tres comunistas y dos nacionalistas, y recayendo la presidencia en Florencio Iracheta. En Fuenterrabía la composición de la Junta de Defensa es similar a la de Irún, estando formada por seis republicanos, dos comunistas y un socialista.
Las dos conclusiones, que se pueden extraer rápidamente de la composición de las Juntas de Fuenterrabía e Irún, son -en primer lugar- el aumento del peso de los comunistas y en segundo la marginación de los nacionalistas.
La importancia del PC de Euzkadi, que ya se había puesto de manifiesto en San Sebastián, se corrobora en las localidades del Bidasoa. La influencia comunista, empeñada en promover un proceso revolucionario, se extenderá a las juntas de Pasajes y de Alza.
En la villa portuaria la Junta se compone de cuatro comisarías (Guerra, Orden Público, Trabajo-Sanidad y Finanzas) en las que los nacionalistas solo logran representación en la de Finanzas (Manuel Garbizu) y en la de Trabajo por medio de STV. El resto es dirigido por los socialistas, compartiendo la CNT el control de la de Orden Público y Guerra.
En Rentería, donde el equilibrio entre nacionalistas e izquierda es la tónica dominante, la composición de la Junta de Defensa es un reflejo del mismo. En Rentería se crean siete comisarías (Guerra, Orden Público, Finanzas, Información y Asistencia Social, Abastos, Transportes y Trabajo). Los nacionalistas ejercen la titularidad de tres de ellas; Abastos y Finanzas, dirigidas por el concejal del PNV Florentino Loidi, y la de Transportes presidida por Isidro Susperregui de ANV.
El Frente Popular se reserva las de Guerra, de la que es comisario el socialista Juan Alonso, Trabajo (Nicanor Frías de la UGT) y Asistencia Social, a cuyo frente se sitúa Antonieta Bressanini también socialista y única mujer que ocupa un cargo semejante en Gipuzkoa. Los republicanos se hacen cargo, por medio de Celestino de Juan -perteneciente a IR- de la Comisaría de Orden Público.
Una segunda zona, que se aprecia con claridad, corresponde a las localidades del valle del Deba. En todas las localidades -desde Deba a Escoriaza- se crean juntas de defensa, extendiéndose hacia la zona del Urola por Azkoitia y Azpeitia.
En esta zona la más importante -después de la de Eibar- es la de Mondragón. El desarrollo de ésta, debido a la evolución del conflicto, no se producirá hasta el mes de septiembre. Inicial-mente la Junta de Defensa estará integrada por 11 miembros, entre los que figuran varios concejales, y que corresponden 2 miembros al PNV, PSOE, UGT, ANV y STV y uno a IR y en la que el alcalde de Mondragón, el nacionalista Nicolás Uriarte ocupará el cargo de Comisario de Guerra.
Cuando el conflicto entre en su última fase, y el territorio guipuzcoano en manos de los republicanos se limite a la margen izquierda del Deba, la importancia de la Junta de Defensa de Mondragón se incrementará. Prueba de ello es la creación de dos nuevas comisarías, la de Transportes y la de Asistencia Social. Previamente se había creado la de trabajo en la que se integran un representante de la UGT (Salvador Lazpuir), otro de STV (Romualdo Uribeetxebarría) y Eusebio Marcande (ANV) como Comisario de Finanzas.
Sin abandonar el Alto Deba es interesante analizar la composición de la Junta de Defensa de Escoriaza. Esta localidad con una población de poco más de 2.000 habitantes se sitúa en las inmediaciones del puerto de Arlabán -una de las vías naturales de penetración en Gipuzkoa desde Álava- un punto sensible al quedar ésta última en manos de los sublevados.
En Escoriaza se crea una Junta de Defensa, en la que por la información de que se dispone, se integran el Centro Republicano Federal, la Agrupación de Obreros Vascos Metalúrgicos y el Ayuntamiento. En la villa del Alto Deba se crean cinco comisa-rías (Guerra, Orden Público, Abastos, Finanzas y Transportes). De la misma dependen los milicianos de la zona e incluso llegan -como veremos más adelante- a dotarse de una organización para la administración de Justicia.
La última junta que merece una especial atención, debido a las características de la misma, es la de Zumárraga-Villarreal. Creada en los primeros momentos del Alzamiento -recordemos que son milicianos de Zumárraga los que sitian el cuartel de la Guardia Civil de Azkoitia- a mediados de agosto está integrada por representantes del IR de Zumárraga-Villarreal, Agrupación Socialista, Sociedad de Oficios Varios de la UGT, ANV, PNV, Federación Local de STV y Célula Comunista, y constituida por las comisarías de Guerra, Finanzas, Abastos y Transportes.
La junta creada en Zumárraga, pese a depender de la Junta de Defensa de Eibar -que es representada por Constantino Salinas- y ejerce una función organizadora comarcal. En un acta de la misma, fechada el 24 de agosto de 1936, se señala la posibilidad de que Ormaíztegi y Gabiria puedan enviar representantes a la constituída en Zumárraga, que de esta forma amplia su área de influencia.
Debido a la cercanía del frente de guerra desde los primeros días de conflicto la Comisaría de Guerra adquiere una gran importancia, creando los "negociados" de Milicias (delegados Mariano García y Tomás Múgica), Armas (Federico Lizarralde y Moisés Masmela), Gestión de Armas, Frente y Abastecimientos (Antonio Castillejo, comisario de guerra), Sanidad (Manuel Elizalde) e Higiene, responsabilidad de los nacionalistas Ignacio Chinchurreta y Marcos Lizarralde.
Una tercera zona -que sirve de unión entre las dos anterio-res- es la costera. En ella, las localidades de Zarauz, Zumaya, Deva y del Urola como Cestona también cuentan con sus correspondientes juntas.
En ésta área, de influencia mayoritaria del nacionalismo, la tónica dominante es la tardanza en la constitución de las mismas.
Aunque no se dispone de excesiva información, se puede decir que en éstas localidades se sigue la tónica general del resto del territorio. Los nacionalistas controlan las comisarías de Orden Público (en el caso de Zarauz los comisarios son José de Zinkunegi, Joseba de Olabeaga y Jesús Hernández).
En estas localidades se percibe, igualmente, un aumento del peso específico de los republicanos. De esta manera el comisario de trabajo de Zumaia será Koldobika Urbieta, perteneciente a Unión Republicana de Zumaya y en la Junta de Defensa de Cestona, junto al PNV y STV, como representante del Frente Popular, sólo se integrará IR.
En general se puede decir, en lo que corresponde a esta zona, que las Juntas de Defensa jugaron un papel menos influyente que en otras. Las razones son básicamente dos. La primera la lejanía de los frentes de combate. En segundo lugar el peso demográfico y la relación de fuerzas en las mismas. Esto hace que la ruptura no sea tan radical como en otros lugares dada la mayor influen-cia de los grupos no revolucionarios, aunque ello no impide la creación de una nueva organización de poder municipal.
Para completar el panorama guipuzcoano, queda hacer referencia a la zona comprendida entre la línea oeste de frente (desde Mandubia en la inmediaciones de Itsaso hasta Lasarte) que depende de la Junta de Defensa de Azpeitia.
En esta zona, dada la escasa entidad demográfica de los municipios y la mayoritaria presencia nacionalista no se desarrolla el proceso de creación de juntas con lo que se plasma una realidad claramente diferenciada a la del resto del Territorio.
Pese a tan amplio esfuerzo organizativo, y a modo de conclusión, se puede decir que el resultado no fue el deseado. Las juntas se convirtieron en grandes aparatos burocráticos, de los que solo se podía esperar que entorpecieran el desarrollo del conflicto y restaran hombre del frente. Un ejemplo claro es la Junta de Defensa de Alza.
A ella, según sus propios documentos, están adscritas 230 personas -incluidas aquellas aptas para combatir- pero tan sólo cien se dirigirán al frente formando la denominada "Primera Compañía Roja de Alza". El resto permanecerá en funciones burocráticas y de vigilancia de una localidad de poco más de cinco mil habitantes.
Por otra parte, la proliferación de autoridades, y el aumento de la influencia del Partido Comunista da lugar a dos consecuencias que en poco favorecerán la defensa ante tropas profesionales bien armadas y organizadas.
La primera consecuencia es la rivalidad entre las Juntas. Si estas se producen a nivel provincial, tal como señala Irujo, entre la de San Sebastián y Azpeitia, la misma circunstancia se dará a menor nivel, principalmente por el reparto de armas. Las divergencias entre las diferentes organizaciones se traducirá en un entorpecimiento de la actividad de las diversas comisarías, tal como veremos al estudiar de manera detallada la actividad de cada una de ellas.
La otra consecuencia, directamente producida por el aumento de influencia del PC de Euzkadi, es el intento de "sovietización" de la vida provincial. La prueba más clara de ello es la creación de una multitud de comités, que incluso llegan a descender al nivel de Comité de Barrio -como ocurre en Loyola- donde Dámaso Pascual (UGT), Esteban Marguin (CNT) y Nicolás Nieto (IR) integran el Comité de Defensa del Barrio de Loyola.
Esta reproducción, hasta los más bajos niveles, de los esquemas organizativos de la CNT y del PCE viene a poner de manifiesto el intento de que el proceso revolucionario llegue hasta los niveles inferiores. El esquema de Junta de Defensa-Comisarías-Comité de Barrio puede considerarse como un intento -por parte de las fuerzas más radicales de la izquierda- de ir introduciendo un modelo cuasi soviético de organización de la sociedad como consecuencia del proceso revolucionario que se está produciendo en Gipuzkoa.
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE DEFENSA
Una vez que hemos visto como se produce la creación de unos nuevos órganos de poder y su extensión por el Territorio, el paso siguiente debe ser, lógicamente, el estudio de la actuación de los diversos estamentos que componen la nueva estructura de poder en Gipuzkoa.
Para ello, debido a la disponibilidad de documentación principalmente, nos centraremos en las diversas comisarías de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, que como ya hemos indicado extendía su jurisdicción real desde la frontera francesa hasta el río Oria. Esto no excluye que se contemplen aspectos de interés en las juntas creadas en otras localidades. A pesar de ello, la importancia y las directrices que emanan de la de San Sebastián marcarán la pauta para el resto de las juntas existen-tes en el territorio guipuzcoano.
Dentro del estudio de las comisarías no todas tienen la misma importancia. Algunas de ellas, como es el caso de las de Guerra y Orden Público tienen un papel destacado. Otras aparentemente menos importantes, como es el caso de las de Trabajo, Finanzas y Abastos jugarán igualmente un papel destacado. Del resto, dada su área de actuación, su importancia es considerablemente más reducida.
A continuación trataremos de poner de manifiesto cuales son los aspectos más destacados en la actuación de las diversas comisarías, a través de las cuales se consolida el proceso revolucionario que se produce en Gipuzkoa entre los meses de julio y septiembre de 1936.
1 LA COMISARIA DE GUERRA
Entrando ya directamente en el análisis de las diversas comisarías que componen la Junta de Defensa de Guipúzcoa, la primera que merece nuestra atención es la Comisaría de Guerra. A la hora de estudiar la actuación, que desde la Comisaría de Guerra se lleva a cabo, debemos considerar varios campos de actuación
El primero de ellos, indudablemente, es todo lo referente a las operaciones militares y a la estrategia seguida por el bando republicano a lo largo del conflicto. Dada la importancia del mismo, y centrándose la tercera parte de este estudio a las operaciones militares en sentido estricto, en este apartado nos centraremos en la descripción de otros niveles de actuación de la Comisaría de Guerra. Estos son la cuestión de la Comandancia Militar y la estructura interna de la comisaría, la organización de las milicias y la aplicación de la justicia militar, aunque en este apartado las relaciones se imbrican íntimamente con la Comisaría de Orden Público, que se estudiará a continuación.
1.1 LA COMANDANCIA MILITAR DE GIPUZKOA
Uno de los aspectos más importantes de la Guerra Civil en Gipuzkoa es la determinación estricta de quien ostenta el cargo de Comandante Militar entre los meses de julio y septiembre de 1936. Tal como hemos visto, tras la rendición de los cuarteles de Loyola, el Comandante Militar de Guipúzcoa -coronel León Carrasco Amilibia- es detenido junto con el resto de los oficiales y trasladado a la Diputación Foral el día 28 de julio.
Aunque, como hemos visto anteriormente, Carrasco ya no ostentaba el mando de manera efectiva tras la desarticulación de las instituciones provinciales y ser suplantado por sus subordi-nados. Por su parte los republicanos no hacen más que dotarse de mandos circunstanciales -como es el caso del alférez Justo Rodríguez o del comandante Pérez Garmendia- que no llegan a imponer su autoridad entre los defensores de la legalidad republicana.
El mismo día que era hecho prisionero Pérez Garmendia, por la noche, llegaba de Madrid el comandante de Estado Mayor Alberto Montaud, encargado de dirigir los trabajos de Estado Mayor en territorio guipuzcoano, y que debe hacerse cargo de la comandancia militar ejerciéndola de manera efectiva hasta los primeros días del mes de agosto.
No será hasta primeros de agosto cuando el gobierno de Madrid reaccione y nombre un comandante militar para Gipuzkoa. El día cuatro de agosto, según el diario "Euzkadi", llega al aeródromo del hipódromo de San Sebastián el comandante San Juan, que asume el cargo de comandante militar.
Su actuación, según se desprende de las actas que se conservan de la Junta de Defensa, está bastante desdibujada y sometida a la actuación del comisario de guerra el comunista Jesús Larrañaga. Según las actas que se conservan, en la del día 3 tan solo se limita a ratificar lo expuesto por Larrañaga. En la sesión del día 4 no asiste San Juan, sino que lo hace Montaud. En la reunión del día 5 "el comandante militar", sin identificar de cual de los dos oficiales se trata, realiza una exposición optimista de la situación militar a la vez que denuncia la falta de municiones, proponiendo que sean traídas de Barcelona, mediante hidroaviones que aterrizarían en la bahía de la Concha.
La presencia militar en las reuniones de la Junta de Defensa se completa con la asistencia del nuevo gobernador civil, el teniente de Carabineros, Antonio Ortega, nombrado también a primeros del mes de agosto -concretamente el día 4- reemplazando al republicano Artola.
1.2 LA ORGANIZACION DE LAS MILICIAS
El segundo reto al que se enfrenta la Junta de Defensa, y más concretamente la Comisaría de Guerra, es la organización de las milicias. La labor de convertir a una masa de paisanos, escasamente armados y carentes de toda organización militar es ingente.
Por una parte el Gobierno se muestra reacio a entregar armas a las milicias, lo que supondría ratificar la revolución pretendida por las izquierdas, pero las circunstancias le obligan a asumir que las milicias son la única fuerza con la que es posible enfrentarse a las tropas sublevadas dada la situación creada tras el 18 de julio.
En los primeros momentos de la sublevación en Gipuzkoa las milicias están formadas por los voluntarios de las diversas organizaciones de izquierda. De esta forma serán los núcleos de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), las Milicias Socialistas y voluntarios de la CNT los encargados de ofrecer una primera resistencia.
Desde primeros agosto el Gobierno debe rendirse a la evidencia y decreta la creación de batallones de voluntarios, que se reclutarán entre los actuales milicianos, y que se crean para
"premiar la heroica actuación de los milicianos populares que, al lado de las fuerzas leales de la República contribuyeron de manera tan decisiva al aplastamiento de la subversión"
Con este decreto el gobierno presidido por Giral admite de manera taxativa que se enfrenta a una guerra, en la que deben enfrentarse dos ejércitos, lo que obliga a que estos batallones de voluntarios se doten de una mínima organización y disciplina. Por ello, en el decreto de creación de los mismos del 7 de agosto, se ponen una serie de condiciones. Entre las más importantes el alistamiento por un mínimo de dos meses - o hasta que termine la campaña- y que el mando corresponderá a "oficiales y clases del Ejército, Guardia Civil, Asalto y Carabineros". Por su parte el Gobierno garantiza la conservación del puesto de trabajo y el sueldo íntegro a los milicianos.
A partir de este momento las diversas organizaciones políticas y sindicales van creando sus correspondientes milicias. Tal como se desprende de la prensa de la época, el 12 de agosto son convocados los alistados en el "Eusko Gudarostea" en el convento de San Bartolomé. El día 13 IR comunica que organiza un batallón de milicianos, al día siguiente lo harán las Juventudes Socialistas Unificadas y el 17 lo hará la CNT.
A pesar de la unanimidad de todas las organizaciones en crear batallones de milicias las diferencias siguen siendo palpables. Como muestra basten las dos notas publicadas en "Frente Popular" el día 15 de agosto de 1936:
"Ha quedado definitivamente constituido el nuevo organismo miliciano organizado con arreglo a las normas militares. Integran este batallón de milicianos cuatro compañías formadas por jóvenes afiliados a las organizaciones Unión General de Trabajadores, Partido Socialista, Izquierda Republicana, Acción Nacionalista, Partido Comunista y Juventudes Unificadas.
Cada una de estas compañías llevan los nombres Tomas Meabe, MAOC, Thaelman y Carlos Marx, que mandan sucesivamente los camaradas Luis Andonegui, Pedro Cosme, Tirso Azanza y García Lavid. Figuran en ella, además, nueve tenientes retirados, seis sargentos y treinta y dos cabos, extraídos por sufragio universal entre todos los componentes de la unidad"
Por su parte el PNV hace pública una nota en la que anuncia que "Se han fundado las milicias vascas. Sus cuarteles generales están instalados en Loyola (Azpeitia). Llevan por lema "Dios y Libertad patria". Es su consigna actual luchar por la democracia y la Repúbli-ca contra la dictadura y el fascismo. Será la de mañana proclamar nuestra soberanía sobre el territorio de la patria"
Pese a la proliferación de llamamientos es difícil establecer cuantos
de estos batallones se llegaron a formar de manera efectiva. A modo
ilustrativo, y con un carácter general, podemos decir que el modelo de
organización de un batallón de milicianos era la siguiente:
Plana Mayor (Oficiales): 5 EFECTIVOS, 5 PISTOLAS.
Compañias de Fusileros (4): 472 EFECTIVOS, 82 PISTOLAS, 392 FUSILES.
Compañía de Ametralladoras: 58 EFECTIVOS, 38 PISTOLAS, 20 FUSILES.
Estos planteamientos no pasan de lo meramente teórico ya que la realidad era bastante diferente. Si tomamos por ejemplo una comunicación del Batallón Rusia -fechada el 19 de agosto de 1936- veremos que tan solo las compañías "Thaelman" y "MAOC" y una sección de la "Carlos Marx" están desplegadas en el frente de Irún. La compañía "Tomas Meabe" y secciones de otras lo están en el frente de Andoain. El resto, se limita a funciones de guarnición y vigilancia careciendo "los milicianos que pertenecen a las demás compañías y secciones en absoluto de armamento".
El aprovisionamiento de armas será un problema constante. Al permanecer aislada Gipuzkoa del resto de la zona en poder de los republicanos solo había dos formas de abastecerse de armas; por vía aérea o a través de la frontera francesa.
La escasez y poca capacidad de carga de la aviación hace que la principal vía de abastecimiento sea por la frontera francesa, lo que explica el interés de Mola en cortar ésta rápidamente. Proveniente de Francia apenas llegaron armas y municiones. La ayuda prometida por el gobierno francés del Frente Popular -presidido por León Blum- quedaba detenido en la frontera. Tras la caída de Irún el problema se hizo más acuciante provocando un rápido desmoronamiento del frente guipuzcoano.
Otro de los problemas es el del mando de los milicianos. La desconfianza de éstos en los mandos militares hace que el comandante militar manifieste a la Junta de Defensa que
"las milicias han de tener confianza en sus mandos, ya que por haber quedado pocos hay garantías de que son buenos, leales al régimen republicano"
Una de las cuestiones a destacar es la moral del miliciano. Este, poco acostumbrado a los rigores del combate y a las condiciones de la campaña en tierras guipuzcoanas, se desmoraliza fácilmente abandonando las posiciones. En otros casos, la resistencia ejercida es durísima. A pesar de ello el presidente de la Junta de Defensa, el socialista Miguel Amilibia, hace notar que "el miliciano conservaba buena parte de su entusiasmo y empuje iniciales, pero tardaba en darse cuenta de lo grave que era nuestra situación. Iba a las líneas o al monte como a una romería. Y veía en el fusil capturado como una especie de botín de guerra. Era "suyo" y, si decidía irse a casa a descansar, se llevaba con él un arma que era cada vez más necesaria".
Por tanto, tras todo lo expuesto, podemos decir que en los primeros momentos de la Guerra Civil, que son los que ahora nos ocupan, la organización de milicianos -al menos en lo que se refiere a Gipuzkoa- corrió a cargo de las respectivas Juntas de Defensa y de las organizaciones políticas sin excesiva coordinación.
Como ejemplo de lo primero sirvan los casos de Eibar y Mondragón. En el caso de Eibar se organizan dos compañías de milicianos formadas por 129 hombres, al mando de un capitán cada una, a las que acompañan dos grupos de artillería (14 hombres) y otros 70 milicianos repartidos en diversas funciones (conductores, sanidad, policía militar...) hasta un total de 328 milicianos. En Mondragón, una nota de la Comisaría de Guerra fechada a finales de agosto de 1936, señala que prestan servicio bajo sus órdenes 136 milicianos a los que se unen 22 en servicios auxiliares. En Mondragón se encuentran también 83 milicianos alaveses a los que se unen los desplegados 20 en Marín y otos 14 en Arlabán.
La lista de localidades que cuentan con compañías de milicianos bajo sus órdenes sería extensísima, fundamentalmente en aquellas alejadas inicialmente de frente. Donde se combate la situación es diferente y las milicias se despliegan en el frente siguiendo las órdenes de la Comisaría de Guerra y del Comandante Militar.
En lo que se refiere a las organizaciones políticas el caso más claro es el de la CNT. El sindicato anarquista, que inicialmente no forma milicias, comienza su creación el día 17 de agosto, tras hacer pública una nota en la que
"La CNT dándose perfecta cuenta de lo que determinan las circunstancias del momento ha estimado, con absoluta unanimidad, la imperiosa necesidad de unificar la acción de todas las actividades guerreras de cuantos confederados y simpatizantes estén dispuestos a luchar bajo las consignas de la CNT"
Como resultado del llamamiento de los anarquistas, en el cuartel de las milicias de la CNT -situado en las escuelas de Atocha- se localizan un total de 625 milicianos "más el personal de trabajos auxiliares como limpieza, guardia-cocina, practicantes y peluqueros". De éstos la mayor parte irán al frente de Rentería quedando el resto como vigilancia de la sede de la CNT en la calle Larramendi.
En estos primeros momentos se producirá también la llegada de los primeros voluntarios extranjeros. Una carta sin fecha dirigida al comisario de Guerra -el comunista Jesús Larrañaga- le informa de la llegada, procedentes de Bilbao, de cuatro volunta-rios extranjeros; tres franceses y un canadiense. Larrañaga les indica que se pongan en contacto con un artillero ruso para que les asigne destino . Del mismo modo en una nómina de la comisaría, aparece citado un capitán Jack Manachen, de origen belga, que remite continuos informes a la Comisaría del sector de Andoain. De todos modos, la presencia de estos voluntarios extranjeros, con anterioridad a la llegada masiva de las Brigadas Internacio-nales en octubre de 1936, no pasa de lo meramente anecdótico.
Sólo al final de la campaña de Gipuzkoa, en vísperas de constituirse el Gobierno Vasco y el Ejército del Norte, la articulación de los batallones milicianos logrará una correcta organización, traduciéndose en un fuerza capaz de enfrentarse con garantías al enemigo.
A finales de 1936, según Alpert, se pueden localizar un total de 26 batallones nacionalistas, 3 de ANV, 2 del Jagi-Jagi y 35 de las fuerzas de izquierda, con una mayoría de batallones de filiación socialista, que serán los encargados de la defensa del frente de Vizcaya.
Finalmente, la Comisaría de Guerra, se ocupa de la creación de la Guardia Cívica. Aunque su papel no ha quedado suficiente-mente contrastado y desconocemos si su función era la de sustituir a la guardia municipal, se acuerda su creación el 22 de agosto. Esta, será formada por 150 individuos o más "elegidos entre aquellos miembros de las organizaciones obreras que tengan 35 o más años, preferentemente parados, con destino al mantenimiento del orden en la ciudad". Estos nuevos "guardias cívicos" recibirán un salario de 10 pesetas diarias.
1.3 LA APLICACION DE LA JUSTICIA MILITAR
El tercero de los aspectos que merecen un estudio minucioso, en lo que se refiere a las competencias de la Comisaría de Guerra, es la aplicación de la Justicia Militar.
Al referirnos a ésta nos ceñiremos exclusivamente a las atribuciones que en la materia tiene la Comisaría de Guerra, dejando a un lado las cuestiones referentes al resto de los presos, que se estudiarán detalladamente en el apartado dedicado a la Comisaría de Orden Público.
Competencia directa de la Comisaría de Guerra son los 66 militares detenidos tras la rendición de los cuarteles y los 22 detenidos en diversos lugares de la ciudad (Comandancia Militar, Casino y Hotel María Cristina). Estos son trasladados inicialmente a la Diputación y posteriormente, ante la escasa seguridad que ofrecía el Palacio Foral, a la cárcel de Ondarreta.
El mismo día 27 de julio, el comandante de Infantería, Félix Villalón es nombrado juez instructor del "procedimiento sumarísimo por los sucesos revolucionarios que dieron principio en esta plaza el día 18 del actual [mes de julio]". A consecuencia del mismo, cuya instrucción termina el día 13 de agosto, tras prestar declaración 123 personas, de las cuales se procesa a 115 de las que 48 son militares, 25 poli-cías, 20 integrantes de la Guardia de Asalto, 8 del cuerpo de carabineros, 6 paisanos y 2 miembros de la Guardia Civil.
El coronel León Carrasco Amilibia no llega a prestar declaración en el sumario al ser asesinado el día 29 de julio. Carrasco, que permanece detenido en la Diputación, escapa a una muerte cierta por la intervención de Irujo, que evita que un grupo de milicianos comunistas los sacara del palacio foral. Sin embargo no podrá evitar un nuevo intento y el cadáver del coronel aparecerá junto a las vías del ferrocarril en el barrio de Amara. El sumario sigue su instrucción normal, prestando declaración los diferentes procesados a lo largo de los días 29 de julio a 13 de Agosto, siendo puestos en libertad algunos de los encausados por orden de la Comisaría de Guerra o la de Orden Público.
La normalidad en lo que refiere a los aspectos judiciales se interrumpirá el 13 de Agosto. Ese día los buques de la armada en poder de los sublevados, "Almirante Cervera" y "España", realizan un bombardeo naval de la ciudad.
A raíz del mismo se convoca a la Junta de Defensa, reunión a la que asiste el gobernador civil, ya el Teniente de Carabineros Ortega, acordando celebrar un juicio. El acuerdo se comunica al Gobierno de la República, que autoriza la celebración del Consejo de Guerra. En la madrugada del día 14, el Gobernador, remite un oficio en el que indica:
"Considerando el procedimiento que se encuentra instruyendo el Comandante Juez Instructor don Félix Villalón Camacho en condiciones suficientes de celebrar con esas actuaciones un Consejo de Guerra Sumarísimo y de acuerdo con el señor Comandante Militar precédase a constituirlo en la madrugada de hoy en la Cárcel Provincial"
Ahora bien, el problema que se le plantea a la Junta de Defensa en relación con los pretensión de juzgar a varios de los militares detenidos es complejo.
Por una parte Larrañaga se esfuerza por que su promesa -formulada desde los balcones de la Diputación ante una masa que pide les sean entregados los presos- de que los militares sublevados responderían ante la Justicia se cumpla. Por otra parte, y en virtud de la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1933 -en los estados de prevención y alarma- las autoridades civiles mantienen sus competencias gubernativas y judiciales. Teniendo en cuenta que el estado de guerra no se había declarado en la zona republicana. Por tanto los procesados civiles dependerían de la justicia ordinaria -que como ya hemos indicado había quedado desarticulada- y los militares de la Justicia Militar, que era inexistente en San Sebastián en dichos momentos.
A la situación creada se le une, la intención del Comisario de Orden Público -el nacionalista Irujo- que en caso de celebrarse algún juicio lo fuera con las debidas garantías para los encarta-dos, algunos de los cuales ya habían sido asesinados en el asalto a la cárcel de Ondarreta, pese a la promesa de los diputados de que serían respetadas sus vidas y en el caso de ser condenados a muerte solicitarían el indulto.
Por otra parte, la celebración de un juicio en San Sebastián en estos momentos pone de manifiesto que en el Territorio se está dando una situación de "justicia revolucionaria", en contraposición de la idea mantenida por Fusi, veamos por qué. Admitiendo la no existencia de una "justicia revolucionaria" en la Euskadi autónoma, tal como ponen de manifiesto varios autores, en el período de tiempo en que nos situamos, no se ha constituido todavía el Tribunal Popular de Euzkadi, formado en base a dos decretos de 23 y 25 de Agosto de 1936, ni el Tribunal Militar de Euzkadi creado el 11 de Marzo de 1937.
Por otra parte, el País Vasco no es aún una región autónoma y carece de competencias en el tema de Justicia, se encuentra aislada del resto del estado y articulada en base a una serie de poderes revolucionarios, fundamentalmente en el caso de Guipúzcoa, por lo que la jurisdicción sigue correspondiendo a las autorida-des ordinarias.
El problema que se presenta es quien debe ser la autoridad encargada de juzgar a los procesados. Lógicamente, al ser estos militares y estar encausados por un delito de rebelión militar, corresponde a la autoridad militar proceder a juzgarlos en base al Código de Justicia Militar, presidiendo el Consejo de Guerra el Comandante Militar.
Hasta este punto el proceso es lógico y en cierto modo respetuoso con la legalidad, al ejercer la actuación el Comandante Militar, aunque este cargo, debido a la situación revolucionaria porque atraviesa Guipúzcoa, quede supeditado a la Junta de Defensa. Por tanto los consejos de guerra que se van a celebrar en San Sebastián, a parte de ser una vulgar represalia por los bombardeos navales, son una actuación revolucionaria que el Gobierno debe admitir dada su incapacidad para controlar el procedimiento judicial.
El tribunal que se ocupará del primer consejo de guerra está presidido por Larrañaga, auxiliado por 10 vocales -civiles y militares en igual número- entre los que destaca el miembro del PC de Euzkadi Ricardo Urondo. La parte militar se compone de tres militares retirados, un comandante de Infantería y un Capitán de la Guardia Civil.
Los acusados son 8 militares, todos detenidos en Loyola al producirse la rendición de los cuarteles, y de la más alta graduación que quedan en manos de la Junta de Defensa.
Los procesados son el coronel de Carabineros Francisco Arrue Ayarbide, dos comandantes de Artillería -Manuel García de la Rasilla y Ángel de Velasco Moreno, el comandante de Infantería Gonzalo Ramajos, el capitán de Artillería Agustín Muriedas Martín, dos tenientes del mismo arma -Fernando de la Brena y Miguel Leoz García- y el sargento de Ingenieros Amós Iribas.
Los motivos que indujeron a Larrañaga y a Ortega a juzgar a estos militares no aparecen demasiado claros. Por una parte podemos pensar que se trata de los militares de más alta graduación de cada Arma, excepción hecha del sargento.
El verdadero motivo debe buscarse en su actuación en las jornadas de julio y en la filiación política de los mismos. Tanto el comandante Ramajos, el Teniente Leoz y el Sargento Iribas son considerados próximos a Falange Española. El capitán Agustín Muriedas es uno de los integrantes del grupo inicial de conspiradores en San Sebastián mientras que los comandantes García de la Rasilla y Velasco tienen una actitud más desdibujada, aunque el segundo manda la primer columna que intenta penetrar en San Sebastián el día 21 por la noche. Los motivos que llevan a juzgar al resto de los procesados están menos claros y al menos en el caso del coronel Arrue puede basarse en ser el militar de más alta graduación en manos de los republicanos.
El Consejo de Guerra se celebra esa misma noche en la cárcel de Ondarreta. El teniente fiscal de la Audiencia Provincial, Juan Iribas Casas, asume la acusación. La defensa corre a cargo del abogado Alberto Insausti Arriola. En las conclusiones el fiscal pide la pena de reclusión perpetua para los acusados, como autores de un delito de rebelión militar. El abogado defensor solicita la absolución o en su caso la pena de cadena perpetua.
El tribunal considera a los acusados culpables de un delito de rebelión militar y, agravando la petición fiscal, dicta sentencia por la que son condenados a la pena de muerte todos los acusados. La defensa interpone un recurso basándose en el acuerdo alcanzado con los diputados para que se respetasen las vidas de los procesados. Irujo, se pone en contacto con Prieto tratando de hacer valer el compromiso firmado con los militares rendidos en Loyola.
El Gobierno considera a San Sebastián plaza sitiada, lo que faculta al mando militar de la misma para estimar o no la demanda de indulto. El recurso es desestimado y los acusados son fusilados ese mismo día.
El día 18 se produce un nuevo bombardeo naval de la ciudad que causa 3 muertos y 31 heridos. La Comisaría de Guerra publica una nota en la que indica:
"El enemigo en su afán de causar víctimas inocentes y registrar en la historia páginas de crueldad que causarán horror por su sevicia ha vuelto a bombar-dear al vecindario indefenso de San Sebastián.
Ante este hecho tan brutal, que ha causado víctimas dolorosísimas en la población civil, la Junta de Defensa y Comisaría de Guerra se han reunido urgentemente para tomar los siguientes acuerdos:
1º Se celebrará juicio sumarísimo para adoptar serena y rápida justicia con varios presos acusados de tomar parte en la traición facciosa en cuanto el infame atentado se repita. Entre los presos en esta situación se hallan D. Honorio Maura, D. Joaquín Beunza y D. Alvaro Padilla. También figura entre los rehenes D. Alvaro Figueroa, ex-conde de Romanones"
El Ministerio de la Guerra, al igual que en el caso anterior autoriza la celebración del consejo de Guerra. En un telegrama enviado a San Sebastián indica:
"Pueden reunir inmediatamente Consejo de guerra a tenor artículo sesenta y uno y sesenta y dos código militar, lo pueden formar un presidente y dos vocales, oficiales leales, en su defecto autorizo habilitación como oficiales Brigadas sargentos más antiguos designe vocal ponente letrado civil confianza régimen. Aténgase también artículos treinta y cinco y treinta y seis Código Militar"
El tribunal se reúne a las cuatro y media de la madrugada y está formado por dos sargentos de Artillería y uno de Ingenieros. Actúa como fiscal el de la Audiencia Provincial, José Seijos, y como defensor José María Arbide.
En este segundo proceso se juzga a 7 militares: el comandante de Ingenieros Enrique Herce, el capitán de Carabineros Félix Fernández Prieto, dos tenientes -Juan Recacho y Vicente Dominguez- y dos alféreces de Carabineros, el capitán de Infantería Félix Fernández y un civil, el procurador Alfonso Vignau, que es detenido igualmen-te en Loyola donde se había refugiado.
La acusación, como en el caso anterior solicita la pena de reclusión perpetua. La defensa la absolución de los acusados. La sentencia, al igual que en el caso anterior condena a muerte a los militares de mayor graduación, a cadena perpetua al civil y absuelve a los alféreces.
Irujo nuevamente tratará de salvar la vida de los condenados:
"Inmediatamente redacté la petición de indulto, que conmigo firmó también el presidente de la Junta de Defensa y Diputado a Cortes Sr. Amilibia. Se produjo una escena violentísima. Había llegado la hora de la ejecución. Yo exigía que previamente fuera resuelta nuestra demanda de indulto. Señalé la competencia para resolverla del Jefe Militar de la plaza, con arreglo a lo dispuesto por el Gobierno con motivo del indulto solicitado antes. El Gobernador civil ordenó suspender la ejecución . El Jefe del piquete que debía proceder a cumplir la sentencia, se presentó así mismo en la Diputación, manteniendo la necesidad absoluta de ejecutar a los condenados, pues de otro modo, el pueblo tomaría la justicia por su mano...Suspendida la ejecución, se hizo buscar al Comandante Militar de la Plaza, Comandante San Juan, este estuvo indeciso durante mucho tiempo. Al fin y no obstante los motivos aducidos para apoyar la petición de indulto, ordenó la ejecución..."
Después de la celebración de este consejo de guerra el último proceso, del que carecemos de sumario, fue el día 26 de Agosto. En el se juzga al general Muslera y a su ayudante, Baselga. Este general retirado había llegado de Francia el día 18, enviado por Mola, para ponerse al frente de la sublevación, dada la indecisión de Carrasco. Tras el fracaso del Alzamiento permanece escondido durante un mes hasta que es detenido. Condenados a muerte son ejecutados el día 27.
La complicada situación militar de la República, y las divergencias surgidas en el seno de la Junta de Defensa por la celebración de los Consejos de Guerra hacen que se suspendan éstos en la capital.
A pesar de ello tenemos noticias de la celebración de otros juicios, como es el caso del celebrado en Fuenterrabía, el día 19 de agosto, en que 13 presos son condenados a muerte juzgados por "un" tribunal popular. El Tribunal Popular de Euzkadi, creado a raíz de los decretos gubernamentales, no tendrá una efectividad real hasta el mes de octubre de 1936 -fecha en la que según el diario "Euskadi"- celebra su primera reunión. El Tribunal Popular de Guipúzcoa se constituirá a primeros de septiembre y según las referencias de las que disponemos el primer procesado juzgado por el mismo será el tradicionalista Víctor Pradera.
Por tanto los dos Consejos de Guerra celebrados en San Sebastián, de los que conservamos los sumarios, pueden ser considerados como expresión de la "justicia revolucionaria", ya que -pese a que se instruye un sumario y se procede de acuerdo con el Código de Justicia Militar- tanto el procedimiento, como los motivos que provocan su celebración, pueden considerarse anómalos.
Los Consejos de Guerra que se celebran en San Sebastián son una represalia contra los bombardeos de la ciudad por la flota sublevada. Están dirigidos desde la Comisaría de Guerra, en manos del PC de Euzkadi, y en abierta contradicción con la opinión de los integrantes nacionalistas de la Junta, acentuando -aún más- el carácter revolucionario que desde la Comisaría de Guerra se quiere imprimir a la situación que se vive en Gipuzkoa entre los meses de julio y septiembre de 1936.
2 LA COMISARIA DE ORDEN PUBLICO
En orden de importancia, por el papel desempeñado, tras la Comisaría de Defensa, se encuentra la de Orden Público, en manos de los nacionalistas. La actuación de éstos se centrará en intentar garantizar el respeto de la vida de los presos y la defensa del culto católico, tal como veremos a continuación.
La Comisaría de Orden Público se crea con la Junta de Defensa, correspondiendo la presidencia de la misma al nacionalista Telesforo Monzón. Desde el primer momento la principal preocupación del comisario es que se logre respetar la vida de los presos y se garantice el respeto de las iglesias y edificios religiosos.
2.1 LA ORGANIZACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO
Desde el momento en que se produce la sublevación los diversos comités y juntas de defensa creados en las localidades guipuzcoanas se hacen cargo de las labores de mantenimiento del orden, procediendo a detener a los líderes derechistas locales.
En alguno de estos casos -como en Rentería- los detenidos son asesinados al dirigirse a las improvisadas cárceles. En dicha localidad se establece una cárcel en el frontón del batzoki en la que son encerrados unos quince significados derechistas. Entre ellos se encuentran varios dirigentes tradicionalistas y el alcalde de Rentería durante la Dictadura de Primo de Rivera, Carlos Ichaso-Asu.
En Irún y Fuenterrabía se procede de la misma manera. En la villa fronteriza se detiene a 140 personas que son trasladadas, en su mayor parte al fuerte de Guadalupe. En Fuenterrabía, se habilita una prisión para mujeres en la casa del general Muñoz mientras que los hombres eran concentrados en el salón de plenos de la casa consistorial.
Un aspecto que merece ser tenido en cuenta es el referente a las colonias de veraneantes que se encuentran en las localida-des de la costa guipuzcoana. Estos, en su mayoría procedentes de Madrid, son normalmente considerados hostiles a la República por las nuevas autoridades. El relato más detallado de que disponemos es el de Sainz de los Terreros para el caso de Fuenterrabía, pero que consideramos ilustrativo de lo que ocurre en otras villas de la costa.
En el caso de Fuenterrabía, como ya hemos señalado, entre la primeras medidas del Comité del Frente Popular se encuentra la requisa de los automóviles de los veraneantes, que a las órdenes del mismo, quedan concentrados en la Plaza de Armas de la villa. Los veraneantes, que permanecerán prácticamente encerrados en sus casas, son censados por la Comisaría de Orden Público a mediados de agosto debiendo presentarse algunos diariamente en la Comisaría.
En otra localidad de la que disponemos de información es el caso de Deva. En esta, desde los primeros días de agosto, comienzan a ser detenidos algunos veraneantes, que por mandato del gobernador civil Ortega son trasladados a Bilbao.
Pese a estos incidentes se puede decir que las colonias de veraneantes no fueron molestadas excesivamente. Esto se debe, a mi entender, a dos circunstancias. En primer lugar a la escasa actividad y desconocimiento de la filiación política de los foráneos, pese a que algunos hace muchos años que acudían a la costa guipuzcoana. En segundo a la presencia intimidatoria de buques de guerra de diversas naciones, destinados a proteger a sus propias colonias y que en cierto modo sirven de freno para posible excesos. A la presencia de tropas estadounidenses y francesas en Fuenterrabía se debe unir la presencia de un buque de guerra alemán en Deva, cuyo comandante visita el día 6 de agosto al comité local del Frente Popular.
En las localidades del interior de Gipuzkoa la situación es radicalmente diferente. En Tolosa, por orden del Comité Revolucionario, son detenidas unas cincuenta personas que son conducidas a la Casa del Pueblo. La Guardia Civil logra que sean trasladados a la cárcel municipal, de donde las gestiones de los nacionalistas y republicanos, lograrán rescatar a gran parte. En Tolosa, hasta la víspera de su ocupación por las tropas provenientes de Navarra, son detenidas 81 personas -fundamentalmente tradicionalistas- de los que varios serán fusilados como veremos más adelante.
En la cuenca del Deba la situación no es diferente a la de otros lugares. Los presos de la zona son concentrados en Vergara -donde las labores de policía son ejercidas por el alcalde Zubizarreta y el presidente de IR, Victoriano Telleriarte que recibe a los detenidos en Escoriaza y Mondragón.
Pero es en San Sebastián donde la acción de la Comisaría de Orden Público es màs notoria. Como ya hemos señalado, su principal preocupación es garantizar los derechos de los detenidos y evitar las acciones incontroladas de milicianos de izquierda.
Para lograr este objetivo, el mismo día de su constitución, la Comisaría hace pública una nota en la que se señala de manera textual:
"1º Ningún ciudadano puede tomarse la justicia por su mano aplicando sanciones que están reservadas exclusivamente a las autoridades competentes
2º Queda terminantemente prohibido todo registro domiciliario que no se practique por agentes expresa-mente autorizados por esta Comisaría de Orden Público y por la Comisaría de Guerra; que exhibirá la orden escrita correspondiente
3º Cualquier acto de injustificada violencia, atentando a la propiedad privada o a las personas o perturbadora de la legalidad republicana debe ser puesto en conocimiento de este comité, el cual adoptará las medidas para la aplicación de la sanción correspondiente
4º Todo aquel que esparza noticias y bulos alarmistas será detenido en el acto y puesto a disposición de esta Comisaría para la aplicación de la sanción correspondiente"
En la capital donostiarra de procede a la detención de los principales dirigentes de los partidos derechistas. Entre ellos el carlista Juan de Olazabal -detenido el día 25 de julio en su domicilio en la Villa de Mundaiz- el monárquico Jorge Satrústegui o el falangista Jesús Iturrino.
Pero lo que merece ser destacado con respecto a la detención de los dirigentes de la derecha no es su arresto, sino el momento en que se produce el mismo. Si bien es cierto que algunos de ellos se escondieron, la mayor parte son detenidos a partir del mes de agosto y por orden directa de los comisarios nacionalistas. Este es el caso de Víctor Pradera, detenido el 2 de agosto mediante una orden firmada por Monzón . En la primera quincena de agosto serán detenidos el jefe de la minoría monárquica en el ayuntamiento -Pedro Soraluce- que permanecía oculto en el hotel Argentino. En la segunda mitad se detendrá a personas como el ex-jefe de los miqueletes -Félix Churruca- o el fundador del SEU, José Francisco Tapia.
La actividad de la Comisaría puede entenderse siguiendo una serie de razonamientos. Uno, y básico, parece la propia organización de la misma para poder localizar y arrestar a los derechistas. Otros pueden ser más sugerentes.
El empeño de los nacionalistas en tratar de respetar las vidas de los presos puede estar en la base de las detenciones. Dejando a un lado la cuestión política, tras el asalto a la cárcel de Ondarreta el 30 de julio de 1936, ésta es un lugar seguro para los detenidos. En ella se encuentran protegidos de represalias incontroladas y de las actuaciones de la Comisaría de Guerra, aunque -como se verá más adelante- la preponderancia de ésta harán vanos todos los esfuerzos.
En términos generales se puede decir que en las dos prisiones de San Sebastián, la de Ondarreta y la que se habilita en el Kursaal, la situación de los presos es relativamente segura y se garantiza su vida y el estar a salvo de acciones incontroladas.
2.2 LAS PRISIONES
En este apartado dedicado a la Comisaría de Orden Público debemos hacer una mención, aunque breve, al tema de las prisiones. En la Guerra Civil española un fenómeno, que se extendió por toda la geografía peninsular, es el de las "chekas", prisiones dependientes de las organizaciones de izquierda y en las que se ejercía una particular justicia. En Gipuzkoa, en términos generales, podemos decir que este fenómeno no se produjo. Salvo el caso de la "cheka" de la CNT en su sede de la calle Larramendi que pronto desapareció, y si se quiere usar esta denominación para las prisiones improvisadas en el resto del Territorio, podemos decir que la actuación nacionalista las neutralizó.
En San Sebastián se habilitaron dos prisiones. Una la de
Ondarreta, a cuyo frente se situó el concejal socialista Luis Iglesias
tras su liberación. Otra en el Teatro del Kursaal.
Según la
documentación conservada en Ondarreta, como consecuencia de la actuación
de la Comisaría, son detenidas 260 personas, de los cuales la mayor parte
pertenecen a los cuerpos de seguridad y al Ejército (véase Cuadro
1).
CUADRO 1: PRISION DE ONDARRETA
FILIACION DE LOS DETENIDOS
18 Jornaleros, 6,92%
2 Metalúrgicos, 0,76%
63 Cuerp. de Seguridad, 24,23%
62 Militares, 23,80%
17 Obreros cualificados, 6,53%
20 Labradores, 7,69%
21 Prof. Liberales, 8,07%
10 Empleados, 3,84%
14 Estudiantes, 5,38%
3 Comerciantes, 1,15%
1 Parados, 0,38%
23 Otros, 8,84%
6 Desconocido, 2,30%
Fuente: AHN-S, elaboración propia
La actividad represora de la Comisaría de Orden Público se intensifica a lo largo del mes de agosto, como lo prueban los registros de ingreso de las prisiones donostiarras. Entre el 3 de agosto y el 8 de septiembre 166 detenidos son conducidos a Ondarreta, de los cuales 19 son mujeres. Por el contrario 105 son puestos en libertad. Según la documentación conservada a mediados de agosto en Ondarrreta son 472 los internados en la prisión provincial.
CUADRO 2: MOVIMIENTO DE LA CARCEL DE ONDARRETA
AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 1936
3 de agosto: Altas: 3. Bajas: 1.
10 de agosto: Altas: 22. Bajas: -.
11 de agosto: Altas: 92. Bajas: 7.
14 de agosto: Altas: 2. Bajas: 4.
16 de agosto: Altas: 5. Bajas: 9*.
20 de agosto: Altas: 8. Bajas: 7**.
22 de agosto: Altas: 3. Bajas: 7.
23 de agosto: Altas: 4. Bajas: 2.
24 de agosto: Altas: 7. Bajas: 2.
25 de agosto: Altas: 1. Bajas: 5.
27 de agosto: Altas: -. Bajas: 3***.
28 de agosto: Altas:6. Bajas: 30.
30 de agosto: Altas: 6. Bajas: 2.
31 de agosto: Altas: -. Bajas: 21****.
1 de septiembre: Altas: 5. Bajas: 4.
2 de septiembre: Altas: -. Bajas: 2.
5 de septiembre: Altas: 2. Bajas: -.
8 de septiembre: Altas: -. Bajas: 3.
Fuente: AHN-S. Elaboración propia
* No se menciona a los condenados en el primer Consejo de Guerra
** Se menciona al Comandante Herce, condenado en el segundo Consejo de Guerra
*** Se menciona al General Muslera y el teniente coronel Baselga, fusilados
***** Traslado de presos al fuerte de Guadalupe
En la otra prisión donostiarra, la improvisada en el Kursaal, son ingresados 168 detenidos -de los cuales 34 son mujeres-. En este centro de detención, controlado rigurosamente por la Comisaría de Orden Público, d66 presos salen del mismo, aunque tan solo 35 son puestos en libertad siendo el resto trasladados a otros lugares. Según los documentos conservados, el movimiento de la prisión es el siguiente:
CUADRO 3: MOVIMIENTO DE LA CARCEL DEL KURSAAL
AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 1936
15 de agosto: Altas: 23. Bajas: 2.
23 de agosto: Altas: 2. Bajas: 10.
24 de agosto: Altas: 15. Bajas: 2.
26 de agosto: Altas: 11. Bajas: 7.
27 de agosto: Altas: 6. Bajas: 10.
28 de agosto: Altas: 14. Bajas: -.
29 de agosto: Altas: 10. Bajas: 2.
30 de agosto: Altas: 15. Bajas: 1.
1 de septiembre: Altas: 11. Bajas: 3.
2 de septiembre: Altas: 2. Bajas: 3.
4 de septiembre: Altas: 35. Bajas: 12.
5 de septiembre: Altas: 15. Bajas: 1.
Fuente: AHN-S. Elaboración propia
La tercera prisión en importancia en Gipuzkoa es la del fuerte de Guadalupe, en Fuenterrabía. Este, al comienzo del Alzamiento estaba al mando del capitán de Infantería Juan Grajera. El comité local solicita que sea entregado el fuerte a la vez que solicita instrucciones y refuerzos a Carrasco.
El día 23 de julio la guarnición se apodera del fuerte y el comandante del mismo es detenido y trasladado al ayuntamiento de la villa. Al mando del recinto militar queda un tal "Pérez y un grupo de mecánicos de los veraneantes de Fuenterrabía". Pronto son encerrados en él más de cien presos siendo relevados los milicianos por cincuenta reservistas al mando del capitán Santillán, "algo más humanitario" con los detenidos.
El desarrollo de la contienda complica la situación de los presos de Guadalupe. Cuando a mediados de agosto los sublevados controlan las alturas de Erlaitz y Pagogaña comienza un ataque directo contra Irún.
El comité del Frente Popular de Irún comunica a los presos -el día 12 de agosto- que en caso de que Irún fuera bombardeado se tomarían represalias sobre ellos. Ese mismo día el comandante del fuerte -capitán Grajera, que permanecía detenido en el hospital de Irún- es asesinado.
El día 17 los buques "Almirante Cervera" y "España" bombardean Guadalupe. El día 19, en el fuerte, se improvisa un tribunal que condena a muerte a 13 presos de los que tres serán ejecutados en los días siguientes.
El día 22 el fuerte es sometido a un nuevo bombardeo naval. Para evitar que se repitan los juicios de represalia, Irujo y Leizaola visitan a los detenidos, para lo que necesitan el permiso del Comité del Frente Popular de Fuenterrabía y se anuncia la llegada de refuerzos nacionalistas provenientes de Urnieta, Tolosa y Azpeitia.
Pese a los esfuerzos de los nacionalistas por controlar las prisiones, estas dependían en la práctica de los comités locales. Los esfuerzos encaminados a salvar la vida de los presos no logrará evitar que en Gipuzkoa se produzcan varias matanzas de presos, cuyas circunstancias y motivaciones analizamos en el punto siguiente. Protagonizadas por grupos extremistas ponen de manifiesto, una vez más, la incapacidad de la Junta de Defensa para controlar la situación en Gipuzkoa.
Tras la caída de Irún y en los días precedentes al derrumbamiento del frente guipuzcoanos los presos son trasladados de las cárceles a un par de barcos fondeados en el puerto de San Sebastián. El día 8 de septiembre son embarcados en dos buques que parten al amanecer del día siguiente con rumbo a Bilbao.
La evacuación de los presos puede ser considerado -pese a la dureza del traslado- un nuevo intento de respetar sus vidas. De esta manera se trata de evitar que milicianos extremistas de izquierda cometieran nuevas matanzas y que puedan ser puestos a disposición de la Justicia.
Pese a que algunos son asesinados en los asaltos a los buques-prisión y a las cárceles de Bilbao, en enero de 1937, la una parte llegan a ser juzgados por el Tribunal Popular de Euzkadi que les condena a diversas penas. Otros no llegaron a ser juzgados y permanecerán encarcelados hasta la ocupación de Bilbao por las tropas nacionales en junio de 1937.
2.3 EL ASALTO A LAS CÁRCELES Y LAS MATANZAS DE PRESOS
En este apartado dedicado a la Comisaría de Orden Público es necesario hacer referencia a las matanzas de presos ocurridas en Gipuzkoa. Pese a que, a diferencia de lo ocurrido en otros lugares, la violencia revolucionaria es menor en el territorio guipuzcoano. Cerca de 500 personas serán muertas entre el 18 de julio y el 1 de octubre en que termina la campaña de Gipuzkoa.
Nuestra atención debe centrarse ahora en tres casos concretos, quizá los más significativos, que -en orden cronológico- son el asalto a la cárcel de Ondarreta, y las matanzas de los presos de Tolosa y Guadalupe.
Como ya habíamos indicado, tras la rendición de los cuarteles -el día 28 de julio- los detenidos en los mismos son trasladados a la Diputación. De allí, debido a la escasa seguridad del edificio, son trasladados a la prisión provincial.
El día 30 de julio, de madrugada, un grupo de milicianos se traslada a la cárcel donde fusila a 53 personas, de las cuales 41 son militares y el resto paisanos. Según uno de los supervivientes de la matanza -el agente de policía Santiago de Vega- "el jefe de los fusileros era un hombre de unos treinta años de edad, y asturiano, según se ha sabido".
La responsabilidad del Comisario de Guerra, el comunista Jesús Larrañaga, en el asesinato de los presos no ofrece duda en el momento actual. En la biografía realizado por José Antonio Egido se puede leer el siguiente testimonio de Francisco Cuenca:
"Larrañaga me dio la orden: Ir a la cárcel y fusilar a todos. Entra con tu equipo en la cárcel, ponerlos contra la pared y fusilarlos a todos. Me lo dijo como que estoy aquí"
La noche siguiente, en Tolosa, el Comité Revolucionario toma la iniciativa. El día 28 las fuerzas que provenían de Navarra se encontraban en las inmediaciones de la villa del Oria y gran parte de los detenidos, como ya hemos señalado, habían sido puestos en libertad por la acción de nacionalistas y republicanos.
Ante esta situación dos delegados del Comité Revolucionario se trasladan a San Sebastián, donde se entrevistaron con "entidades militares y civiles de la provincia"
"el jefe de las fuerzas combatientes socialistas de la localidad, expuso un plan de acción, que fue íntegramente aprobado. A su regreso expusieron ambos delegados al comité Revolucionario lo tratado y acordado en San Sebastián, aprobando todos, unánimemente la gestión y lo acordado"
El informe es bastante detallado de lo ocurrido esa noche en Tolosa y de la manera de proceder. Esta fue de la siguiente manera:
"Alguien tenía que aceptar la responsabilidad de lo que iba a suceder aquella noche, dar las órdenes precisas. Lo aceptó el presidente del Comité Revolucionario, el dió la orden y el Comité en pleno, bajo su entera responsabilidad, ejecutó el plan acordado. Aquella noche fueron ejecutados los dirigentes más caracterizados del fascismo tolosano: se efectuaron múltiples registros en domicilios fascistas, encon-trándose armas, municiones y documentos; se encarceló a más de doscientos reaccionarios; la dirección de la cárcel pasó a manos de gente de confianza; las dos únicas ametralladoras que había en Tolosa, ocultas en el cuartel de la Guardia Civil pasaron a manos del pueblo"
Lo ocurrido en Tolosa puede caracterizarse como un "golpe de estado" a pequeña escala. Ante la tibia actuación de republicanos y nacionalistas el Comité Revolucionario decide hacerse con el poder. Las armas del cuartel de la Guardia Civil pasan a su poder y la cárcel es igualmente colocada bajo su control.
Como resultado de la acción revolucionaria catorce detenidos en Tolosa -todos de filiación tradicionalista- son traslados a San Sebastián y fusilados en el Paseo Nuevo.
A consecuencia del asesinato de los presos el Comité del Frente Popular de Tolosa, incluidos los representantes socialistas, presenta su dimisión. En el nuevo comité se integran tres miembros del Comité Revolucionario, que de esta forma son mayoritarios en el mismo.
Pero no es ésta la única acción de protesta que se produce. En San Sebastián dimite el Comisario de Orden Público -el nacionalista Monzón- que es sustituido por el también nacionalista Careaga. Las organizaciones nacionalistas hacen pública una nota en la que se señala:
"Gipuzku Buru Batzar y la Confederación Regional de Solidaridad de Trabajaddores Vascos de Guipúzcoa se ven en el caso de dirigirse a la opinión pública en protesta contra los hechos bochornosos acaecidos en la madrugada de los días pasados en el asalto a las cárceles de Ondarreta y Tolosa y en los asesinatos perpetrados en personas que no han sido juzgadas por tribunales competentes con arreglo a las leyes. El PNV y STV se sumaron al movimiento en defensa del régimen constituido, no porque este significase la satisfacción política de nuestra ideología, sino porque somos enemigos de la guerra, de la violencia, del fascismo, de la dictadura y de los pronunciamientos militares. Pero nosotros no podemos admitir la actuación de bandas de asesinos que contra las normas del Frente Popular realizan crímenes que avergüenzan a toda conciencia honrada. Nosotros no somos responsables de esos crímenes. Hemos hecho todo cuanto hemos podido para evitarlos. Luchamos por afirmar una legalidad dentro de la cual esperamos dar los primeros pasos para la liberación de la patria"
La dura nota del PNV pone fin momentáneamente a los desmanes contra los presos, pero las represalias no se detendrán. Como consecuencia del bombardeo aéreo que sufre Irún el día 24 de agosto son fusilados dos detenidos como represalia.
A raíz de la nota de los nacionalistas, el miembro de PNV Ceferino de Jemein, cita la siguiente, firmada por todos los integrantes de la Junta de Defensa, titulada "La seguridad de los presos. Los tribunales aplicarán plena y severa justicia" en la que se señala de manera textual:
"Las organizaciones sindicales y Partidos políticos que componen la Junta de Defensa de Guipúzcoa y que luchan unidos contra el movimiento faccioso, han examinado con detenimiento los dolorosos y reprobables incidentes ocurridos en relación con algunos presos. El desbordamiento de la indignación popular y la actuación de elementos fuera de todo control y disciplina, han causado varias víctimas si que un procedimiento regular concretara culpabilidad y sanciones. Las entidades coaligadas condenan con la máxima severidad tales excesos y declaran su firme voluntad de que en ningún momento se repitan.
Defensores del régimen de libertad y democracia, perturbado por los rebeeldes, debemos proceder con serenidad y energía evitando cuantos desafueros puedan mancillar la magnífica labor que el pueblo en armas realiza en los actuales momentos. No son solamente razones de humanidad lo que a ello ha de inducirnos; existen también otras de índole militar y política que no pueden ser desdeñados. Cuantos combaten contra el fascismo deben tener la seguridad de que ha de hacerse plena y severa justicia a los responsables de la criminal intentona. Pero es preciso evitar a toda costa que la furia ciega y sin discernimiento perturbe con sus desmanes la disciplinada actuación de las fuerzas defensoras del régimen democrático y del proceso social. Ante el mundo entero ha de demostrarse la diferencia que existe entre el pueblo que batalla heroicamente por sus libertades, y las gentes perjuras ya en trance de vencimiento, que han pretendido oprimirle.
Consecuentes con este criterio, las entidades coaligadas en la Junta de Defensa de Gipuzkoa declaran que la vida de los presos es sagrada y que debe asegurase con todos los medios su integridad personal- para su entrega a los tribunales de Justicia. Por ello y en la inteligencia de que toda contravención será causa de severísimas sanciones: ordena a todos los afiliados que conforme a las leyes de guerra respeten de un modo absoluto a dichos presos y que repriman con la máxima energía cualquier atentado que osaran perpetrar los irresponsables o los provocadores. Tal es la decisión adoptada por todos las repre-sentaciones que componen la Junta de Defensa de Gipuzkoa. San Sebastián, 4 de agosto de 1936"
A partir de esta nota, que no llega a ser publicada en "Frente Popular", las matanzas de presos de detienen y tan solo se producirán en los últimos momentos de la guerra en territorio guipuzcoano, protagonizadas por grupos de milicianos en retirada, como será el caso del fuerte de Guadalupe.
El día 30 son traslados de Ondarreta a Guadalupe nueve presos destacados entre los que se encuentran Honorio Maura, el conde de Llobregat, Antonio Elósegui y el ex diputado Joaquín Beunza entre otros.
A semejanza de lo que ocurre en San Sebastián la Junta de Defensa de Irún hace público un comunicado en el que señala que
"Ante la amenaza facciosa de bombardear Irún, contra todo derecho de gentes, se advierte al enemigo que las familias más expuestas son las de derechas. Por otra parte, se advierte también, que los rehenes derechistas, entre los que se encuentran Victor Pradera, Honorio Maura, el obispo de Valladolid...se encuentran en la ciudad de Irún y serán los primeros en sufrir los efectos del bombardeo"
El día cuatro de septiembre, tras ser ocupado Irún por las fuerzas de Beorlegui, la guarnición evacúa el fuerte de Guadalupe dejando abandonados a los presos. Al día siguiente, ante la huida de su guardianes, éstos se dan a la fuga en gran número antes de la llegada de unos doscientos milicianos anarquistas que se retiran y que son responsables de las ejecuciones que se producen en el fuerte, entre ellas las de Beunza y Maura entre otros. Al día siguiente, seis de septiembre, los legionarios ocupan el fuerte encontrando tan sólo a cinco milicianos que son fusilados inmediatamente.
En San Sebastián los últimos presos ejecutados lo son entre los días 5 y 6 de septiembre de 1936. Sobre la suerte de estos existen una serie de dudas. Según el diario "Frente Popular", al menos el vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, -Víctor Pradera- es juzgado por el Tribunal Popular de San Sebastián, que lo condena a muerte. Esto, en el sentido estricto de lo que se entenderá posteriormente por Tribunal Popular, es factible, ya que éstos se crean por dos decretos -de 23 y 25 de agosto de 1936- y cuya competencia "era conocer las causas relacionadas con la rebelión y sedición".
A pesar de ello no se conserva ninguna documentación que documente el funcionamiento del Tribunal Popular en San Seba-tián. La información de que disponemos nos señala que la primera actuación documentada del Tribunal Popular se producirá en Bilbao el día 8 de octubre de 1936.
Sea cual sea la fórmula, entre los días 5 y 6 de septiembre 22 presos son fusilados en San Sebastián, entre ellos Víctor Pradera, el dirigente de Renovación Española Jorge Satrústegui y Pedro Soraluce, concejal y jefe de la minoría monárquica en el ayuntamiento donostiarra.
2.4 LA CUESTION RELIGIOSA
Al principio del capítulo dedicado a la Comisaría de Orden Público señalábamos las dos prioridades de la misma; salvaguardar la vida de los detenidos y garantizar el culto católico.
Tras analizar la cuestión de los presos debemos referirnos ahora a la cuestión religiosa. En general, se puede decir que el culto católico no sufrió más que los lógicos avatares de la contienda, sin ser interrumpido en ningún momento. Pese a que los religiosos fueron detenidos, en algunos casos asesinados, sus conventos e iglesias convertidos en cuarteles y en algunos casos limitados en sus funciones, se puede decir que el culto católico no sufrió más problemas que los "normales" en una guerra.
El primer aspecto que debe ser considerado es el de los religiosos muertos. De los 45 clérigos asesinados en la zona republicana del País Vasco durante la Guerra Civil, tan solo cuatro de ellos lo fueron en Gipuzkoa.
En territorio guipuzcoano son asesinados cuatro sacerdotes. El primero de ellos es el cura ecónomo de Pasajes Felipe Goena, muerto en Pasajes el día 27 de julio. En el asalto a la prisión de Ondarreta es asesinado un religioso, el mercedario Ricardo Vázquez.
El tercer sacerdote guipuzcoano asesinado fue el coadjutor de Itziar, José María Alcíbar. Según un informe de la Junta de Defensa de Deba, su detención se produjo el día 10 de agosto, fecha en la que se presentaron en la localidad costera milicianos de la CNT y de la FAI. Estos últimos detienen a "un sacerdote por extralimitarse en sus predicaciones religiosa, y a quien llevaron a San Sebastián" . Ese mismo día, se recibe desde Orio una comunicación
"Dando conocimiento del hallazgo de un cadáver que resultó ser el del sacerdote detenido en ésta [localidad de Deva] por los elementos de la FAI y al que mataron al trasladarle a San Sebastián. De este hecho dió conocimiento el compañero Josué a los compañeros de San Sebastián acordándose cortar inmediatamente estos de desmanes de gente irresponsable"
El cuarto religioso muerto sería el presbítero eibarrés Eulogio Ulacia que sería fusilado en San Sebastián el 4 de septiembre el 1936.
Pero, dejando a un lado los asesinatos, si se puede detectar una cierta persecución religiosa, que en algunos casos responde a otras motivaciones. Este es el caso del sacerdote de Anzuola, Luis Galparsoro, quien es detenido y juzgado por un tribunal que lo absuelve. La motivación puede ser por el hallazgo de armas dentro de un armario de Adoración Nocturna en la parroquia de Anzuola.
En Fuenterrabía, los capuchinos del convento de ésta localidad son detenidos y trasladados al fuerte de Guadalupe, de donde saldrán tras la llegada de milicianos nacionalistas que se instalan en el convento.
La principal alteración de la vida religiosa se produce al convertirse algunos edificios religiosos en cuarteles o ser ocupados por las organizaciones de izquierda. La lista de éstos edificios sería bastante larga en Gipuzkoa. Baste tan solo recordar como, en San Sebastián, el colegio del Sagrado Corazón se convierte en cuartel de la CNT y el de San Bartolomé en sede de los batallones nacionalistas.
A consecuencia de este motivo algunos edificios religiosos resultarán destruidos al retirarse los milicianos, como es el caso del convento de los Maristas de Anzuola y de diversos edificios religiosos del territorio guipuzcoano. Algunas iglesias son empleadas para otros fines, como las de Rentería y Mondragón convertidas en polvorines, o como la parroquia de Eibar, que según se señala en la Causa general, "fue convertida en salón de baile y el individuo que dirigía el baile se sentaba sobre el sagrario".
El culto en las localidades guipuzcoanas se ve interferido pero no suprimido. Las escasas referencias de que disponemos nos informan de la celebración de actos religiosos. En Fuenterrabía, Sainz de los Terreros relata la celebración de oficios en la iglesia del barrio de la Marina. En Hernani, tan solo pocos días antes de la entrada de las tropas se interrumpen las misas.
Esto no impide que los sacerdotes adopten una serie de medidas de precaución, como ocurre en Fuenterrabía, donde a partir del día 21 de agosto éstos comienzan a usar el traje seglar.
Por tanto, en términos generales, no se puede hablar de persecución religiosa, pero tampoco de una normalidad absoluta en lo que se refiere a las cuestiones relativas al clero. Pese a no interrumpirse en ningún momento -excepto por los combates- el culto se ve mermado sensiblemente. La incautación de edificios religiosos -con la consiguiente expulsión de sus moradores- se convierte en el elemento más destacado en lo que al tema religioso se refiere.
Los cuatro religiosos muertos lo son en los momentos extremos del conflicto en el Territorio; antes de la creación de la Junta de Defensa, a manos de extremistas o en los últimos días de presencia de los republicanos en San Sebastián, sin que ello sirva de excusa para tan reprobables acciones.
La actividad del PNV, y de la Comisaría, logra garantizar la libertad de culto, pero no puede evitar la destrucción de edificios y el arresto de religiosos. Pese a ello, se puede decir, que durante la Guerra Civil en Gipuzkoa la repercusión sobre el estamento religioso se pudo reducir al mínimo.
El balance de la actividad de la Comisaría de Orden Público es, por tanto, desigual. Sus objetivos principales -salvaguarda de los presos y defensa del culto católico- se cumplen a medias. Los acontecimientos superan a los nacionalistas, que no pueden evitar el asesinato de un gran número de presos.
Orden Público se ve desbordada por Defensa, quien haciendo valer la condición de plaza sitiada, que el gobierno reconoce a San Sebastián, puede organizar una serie de consejos de guerra que son claras represalias. La preponderancia de los extremistas de izquierda da origen a las matanzas de presos que se producen en Gipuzkoa, sin que los nacionalistas -bien por la inacción demostrada en gran parte del conflicto, bien por su escasa preparación y encuadramiento militar- puedan hacer nada por impedirlo.
A esto se une que en los lugares donde más detenidos se concentran -San Sebastián y el área de Irún-Fuenterrabía- sea donde los nacionalistas tengan menor influencia. Solo la presencia, desde mediados de agosto, de milicianos del PNV en Fuenterrabía aliviará un poco la tensión de los detenidos.
En la defensa de la religión son más afortunados y en gran medida logran sus objetivos. Pese a que diversos edificios religiosos son destruidos y varios clérigos asesinados, no se percibe un especial ensañamiento con el clero, debido principalmente al papel jugado por los nacionalistas.
En el interior de Guipuzkoa, donde el PNV tiene un mayor peso específico, apenas existen incidentes referidos al tema religioso, a excepción de la destrucción de algún convento, o la ocupación de los edificios como cuarteles, extremo éste que -recordemos- también es practicado por el PNV. El núcleo embrionario del futuro "Eusko Gudarostea" se forma en la basílica de Loyola.
En resumen podemos decir que la Comisaría de Orden Público se ve desbordada por la actividad de la de Defensa, que es la que realmente controla la situación en Gipuzkoa y, en ocasiones, hace nulos los esfuerzos de los nacionalistas para mantener el orden, en lo más posible, próximo a la normalidad.
3 LA COMISARIA DE FINANZAS
Una vez que hemos hecho referencia a las dos Comisarías que jugaron un papel más destacado en Gipuzkoa durante la Guerra Civil, la de Guerra y Orden Público, debemos detenernos en aquellas otras, que pese a tener un papel menos relevante o polémico, tuvieron una especial importancia como es el caso de la de Finanzas.
Esta Comisaría tendrá que enfrentarse a uno de los problemas más delicados a los que se han de enfrentar las nuevas autoridades guipuzcoanas, la escasez de moneda. La disposición de fondos era una de las más apremiantes necesidades de la Junta de Defensa. La disponibilidad de dinero para poder hacer frente al pago de los salarios a los milicianos y de los posibles suministros de armas y municiones se convierte en una de las principales preocupaciones de los nuevos dirigentes guipuzcoanos.
La Comisaría de Finanzas, al igual que las anteriores, se crea los últimos días de julio integrada por José Imaz (ANV) que ejerce las labores de presidente, Guillermo Torrijos (PSOE), José Iglesias (PSOE), Manuel Asarta (PC de Euzkadi), José Zubizarreta (STV), José Zubimendi y Domingo Martínez Muñoz.
La importancia que se concede a la Comisaría de Finanzas se pone de manifiesto en la existencia de este tipo de comisarías en las juntas locales creadas en los diversos municipios. Estas identifican plenamente en localidades como Rentería, Pasajes y Zumárraga . Aunque es de suponer que en el resto de las localidades en las que se constituyen juntas de defensa, o comités locales del Frente Popular, se crearán igualmente comisarías de finanzas. En el momento actual de los conocimientos no nos es posible documentar la formación y existencia de las mismas.
La prueba que puede confirmar la hipótesis anterior está reflejada en un informe de la Comisaría de Finanzas, en el que se manifiesta la intención
de que en todos los pueblos importantes de la provincia funcionaran Comisariados locales de Finanzas. A tal fin dimos insistentemente las oportunas instrucciones, realizando incluso dos miembros del Comisariado un viaje por toda la provincia para aclarar todas las dudas que pudieran presentarse
A la vista del citado documento, se puede decir, que en este caso -y en función de los datos de que disponemos- la Comisaría, con sede en San Sebastián, sí ejerce una verdadera labor de control de las finanzas provinciales, centralizando en la capital las labores administrativas y dictando instrucciones para el resto de las comisarías dispersas por el territorio guipuzcoano.
La actividad de la misma, que debemos calificar sin ningún género de dudas como fuertemente intervencionista, tal como veremos a continuación, se orientará en dos direcciones principales. La primera de ellas es evitar el atesoramiento de moneda, para lo cual se dictarán toda una serie de medidas a lo largo del período de actuación de la misma. La segunda línea prioritaria será la obtención, por diversas formas, de liquidez para poder hacer frente a los gastos que ocasiona el conflicto.
3.1 LA CIRCULACION DE MONEDA
Tal como hemos indicado, una de las labores a las que se entrega la Comisaría de Finanzas, es tratar de evitar el atesoramiento de la moneda, con lo que se reducía sensiblemente el dinero en circulación provocando la escasez monetaria en Gipuzkoa.
Desde el comienzo de la sublevación los bancos y las entidades financieras habían permanecido cerradas, situación en la que permanecieron hasta los primeros días del mes de agosto. El día 3 se autorizan las extracciones de las cuentas corrientes y cajas ahorro por un importe no superior a las 125 pesetas semanales.
Esta medida es adoptada debido a la escasez de moneda fraccionaria que había en la reserva del Banco de España de San Sebastián. A la disposición anterior se une otra por la que se determina que ninguna nómina puede superar las 500 pesetas mensuales o 125 semanales.
Como medida complementaria, la comisaría acuerda que todos los comerciantes y particulares ingresen en las entidades de crédito todo el dinero en metálico del que dispongan. Para ello hace pública una nota en la que comunicaba
"A los comerciantes, industriales, vendedores de los mercados y pescaderías, público en general:
Con el fin de facilitar la circulación de moneda y evitar su atesoramiento, este comisariado de finanzas ha tomado las disposiciones siguientes:
-Todos los industriales y comerciantes se hallan en la obligación de ingresar en la cuenta corriente de un banco o libreta de la Caja de Ahorros de la localidad respectiva, dentro de las 48 siguientes a la publicación de esta órden, la existencia en efectivo que posean por las operaciones practicadas hasta la fecha
-Los ingresos sucesivos deberán efectuarse con obligatoriedad cada tres días
-Los particulares no tendrán en su poder más de 500 pesetas
-De todas estas cantidades que se ingresan en efectivo podrá disponerse libremente"
De la misma manera por iniciativa de la comisaría, el presidente de la Junta de Defensa -el socialista Miguel Amilibia- se traslada a Madrid logrando que se enviase -por vía aérea- cinco millones de pesetas en moneda fraccionaria.
La relativa mejora de la situación monetaria que provoca la llegada de capital desde el banco emisor dura poco tiempo. Una controvertida decisión de la Junta de Defensa, por la que se acordaba que
"...a la vista de la situación creada a los trabajadores por el movimiento faccioso, ha acordado que los patrones abonen íntegramente a los obreros los jornales correspondientes a partir del día en que como medida de defensa de la legalidad hubo de ser declarada la huelga general. A los patrones que por una u otra circunstancia carezcan de fondos y créditos para atender esta medida, la Junta de Defensa, debidamente acreditado el hecho, les proporcionará el crédito necesario"
Esta resolución provoca que la escasez de moneda vuelva a producirse en el territorio guipuzcoano a la vez que obliga a una estricta intervención de la comisaría, que se ve obligada a un rígido control de las nóminas y a solucionar los múltiples problemas que la citada orden crea a los patronos. Según un informe de la Comisaría de Finanzas pequeños patronos sin disponibilidad alguna se ven obligados a recurrir a la comisaría. Esta llega a un acuerdo con la Federación Patronal de Guipúzcoa, que se compromete a adelantar a sus afiliados el importe de las nóminas que adeudaban. En lo que respecta a todos aquellos no encuadrados dentro de la organización patronal, se obliga a los bancos a la concesión de los créditos necesarios y, en los casos en los que el patrón se encuentra ausente, a permitir la utilización de sus cuentas corrientes.
El intervencionismo de las nóminas -en las que debe figurar el sello del correspondiente sindicato de STV, UGT y CNT- que deben ser pagadas a la comisaría, quien a su vez se encargaría de hacerlas llegar a los trabajadores no impide las dificultades en su pago. De esta manera
"en los días anteriores a la evacuación de San Sebastián, la situación económica del Comisariado era apuradísima, tanto es así que en los días precedentes fue necesario ir limitando el pago de las nóminas de los milicianos al 50% y restringiendo hasta el mínimo posible los demás pagos"
La carencia de dinero se va agudizando a medida que las tropas sublevadas se acercan a la capital. El día 6 de septiembre, la Comisaría, por medio de una nota publicada en "Frente Popular", reitera su orden de
"...entrega de cantidades atesoradas, y en vista de la resistencia del público a cumplimentar dicha orden, dificultando la vida económica y creando conflictos para el pago de las nóminas, este comisariado pone en conocimiento de comerciantes, industriales y particulares que a partir del próximo lunes día 7, deberá hacerse entrega de las cantidades que obran en su poder a las cajas de ahorro y bancos tanto en la capital como en la provincia.
Siendo las cantidades que se ingresan, como ya se anunció, abonadas en cuenta libre y disponibles en todo momento no se consentirá que pase de 125 pesetas la cantidad atesorada.
La Comisión de finanzas advierte por última vez y con el fin de evitar sanciones severísimas a que daría lugar el incumplimiento de esta disposición, que se ha nombrado una comisión investigadora que hará inspecciones sin previo aviso y que serán inútiles las reclamaciones por mucho que quisiera justificarse una vez comprobado el hecho del atesoramiento,"
La evolución del conflicto no permite que la comisión investigadora lleve a cabo su labor, pero la escasez de dinero obliga a adoptar otras medidas, la puesta en circulación de vales sustitutorios del papel moneda.
Desde los primeros días de la existencia de la comisaría, y dada la escasez de numerario circulante, se adopta la medida de emitir una serie de vales que suplieran al papel moneda. En una reunión celebrada con la banca guipuzcoana se acuerda emitir un cheque del Comisariado de Finanzas con la garantía de los billetes grandes que poseía el Banco de España y que ascendía a cerca de diez millones de pesetas.
En los días precedentes a la evacuación de San Sebastián, y ante la imperiosa necesidad de numerario, la junta guipuzcoana se ve obligada a poner en circulación el vale emitido por la Junta de Defensa de Vizcaya. Esta medida, que se adopta en una reunión en la que participan Imaz y los representantes de los bancos de Vizcaya, Urquijo y Guipuzcoano, es el último intento de lograr solucionar la delicada situación económica por la que atraviesa Gipuzkoa.
De todos modos, pese al acuerdo de la reunión, esta medida no llegó a entrar en vigor al acordarse ese mismo día la evacuación de la capital guipuzcoana.
3.2 LA BUSQUEDA DE INGRESOS
De manera paralela a los esfuerzos de la comisaría para evitar el atesoramiento de moneda, se desarrolla toda una actividad encaminada a la búsqueda de ingresos que permitan hacer frente a las imperiosas necesidades de dinero de la Junta de Defensa.
La búsqueda de ingresos por parte de la comisaría se va a dirigir, fundamentalmente en una doble dirección; generar recursos y la creación de nuevos ingresos. Para lograr estos objetivos las medidas adoptadas se basan en dos acciones principales; el crédito y las imposiciones decretadas por la comisaría.
El intento más importante es mediante el crédito. De manera inmediata a la creación de la comisaría, ésta solicita de los bancos guipuzcoanos un crédito de 500.000 pesetas. Finanzas intenta igualmente, el día 27 de julio, mediante una petición al Ministerio de Hacienda, que el efectivo depositado en el Banco de España quedara a disposición de la Junta. No se recibe contestación del ministerio ante lo que se trata de intervenir los fondos de la delegación de Hacienda. Estos serán transferidos a Madrid antes de que se pueda proceder a su incautación.
Ante la situación creada se realiza una nueva petición de crédito a Madrid, en esta ocasión de cien millones de pesetas. Ante el ministerio se alegan las necesidades de las comisarías de Guerra y Abastos a las que "había que añadir la obligación del pago de las milicias y demás personal movilizado", pero que tampoco tiene respuesta desde Madrid.
Los intentos de la Junta para adquirir armas y municiones en el extranjero le llevan a negociar con los bancos donostiarras un crédito en divisas. Tras no pocas negociaciones se consigue que se depositen por el Banco Guipuzcoano, en representación de la banca guipuzcoana, dos millones de francos franceses en el Banco Español de París.
Cuando el enviado de la Junta de Defensa de Guipúzcoa llega a París, San Sebastián ya ha caído en manos de las tropas sublevadas y la operación había sido anulada desde la capital guipuzcoana.
Junto a los intentos financieros protagonizados por la Comisaría de Finanzas, nuevas tentativas de lograr fondos son orquestadas desde la mismas. Estas son, en su mayor parte de carácter extraordinario ponen de manifiesto el carácter, fuertemente intervencionista de las nue